El artículo 350 del citado borrador ha encendido la última controversia en la Red acerca del derecho a la privacidad en la persecución de delitos con penas máximas superiores a tres años, cibercrimen, crimen organizado y terrorismo. Según leemos en El País, la comisión de expertos coordinada por el secretario de Estado de Justicia pretende dar permiso a que el juez permita a la Policía instalar troyanos de forma remotapara controlar el contenido de dispositivos tecnológicos sin que su propietario lo advierta.
El objetivo de las autoridades y la Justicia pasa por conocer la máxima cantidad de información posible acerca de los supuestos delincuentes y con estos programas -denominados habitualmente como maliciosos- pueden conseguirla con relativa facilidad. "No solo pueden acceder a la información que se almacena en el disco duro, sino también a lascontraseñas que suelen guardarse en la memoria. Con esas contraseñas puede accederse al correo electrónico y a todas las redes sociales como Facebook o a programas de comunicaciones como Skype. Incluso a todo lo que el investigado almacene en servidores extranjeros, como puede ser el Gmail, la nube", explica Juan Carlos Ortiz, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha.
La decisión también afecta a los operadores, ya que será necesaria su colaboración con los agentes para facilitar el acceso a los datos del dispositivo al que se pretende entrar. La idea del proyecto es que cualquiera que pueda colaborar en la acción lo haga, desde el jefe de sistemas de una empresa o incluso un hacker si fuese necesaria su ayuda. Eso sí, todos los equipos a investigar se tienen que encontrar en España.
No obstante, la medida no está exenta de polémica por el conflicto de derechos que plantea. "Es muy invasiva", señala el profesor de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco (UPV) Alberto Sáiz. "Afecta al derecho a la intimidad del investigado, pero también al secreto de las comunicaciones de una forma extensiva al permitir entrar en chats, Facebook, Skype o Twitter. Además, a diferencia de un teléfono, un ordenador puede ser utilizado por varias personasque, a pesar de no ser objeto de la investigación, verían afectados sus derechos fundamentales", explica.
Así pues, el debate está servido. Desde el Consejo General de la Abogacía Española ven como "delicado" el asunto, por lo que los requisitos para la aprobación de una intervención de este tipo deben ser muy rigurosos. "La resolución debe delimitar muy bien lo que la Policía puede y lo que no puede hacer", remarca Nicolás González-Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal y miembro de la comisión de expertos que ha elaborado el texto.
La decisión también afecta a los operadores, ya que será necesaria su colaboración con los agentes para facilitar el acceso a los datos del dispositivo al que se pretende entrar. La idea del proyecto es que cualquiera que pueda colaborar en la acción lo haga, desde el jefe de sistemas de una empresa o incluso un hacker si fuese necesaria su ayuda. Eso sí, todos los equipos a investigar se tienen que encontrar en España.
No obstante, la medida no está exenta de polémica por el conflicto de derechos que plantea. "Es muy invasiva", señala el profesor de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco (UPV) Alberto Sáiz. "Afecta al derecho a la intimidad del investigado, pero también al secreto de las comunicaciones de una forma extensiva al permitir entrar en chats, Facebook, Skype o Twitter. Además, a diferencia de un teléfono, un ordenador puede ser utilizado por varias personasque, a pesar de no ser objeto de la investigación, verían afectados sus derechos fundamentales", explica.
Así pues, el debate está servido. Desde el Consejo General de la Abogacía Española ven como "delicado" el asunto, por lo que los requisitos para la aprobación de una intervención de este tipo deben ser muy rigurosos. "La resolución debe delimitar muy bien lo que la Policía puede y lo que no puede hacer", remarca Nicolás González-Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal y miembro de la comisión de expertos que ha elaborado el texto.
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